La venta de una propiedad en España por parte de una persona no residente implica una obligación fiscal importante: declarar y tributar por la ganancia patrimonial obtenida. Esta ganancia se calcula, de forma general, restando el precio de compra al precio de venta del inmueble. Sobre el beneficio neto resultante se aplica el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que tributa al 19% según el caso expuesto.
No obstante, el importe final a pagar puede reducirse de forma significativa si se tienen en cuenta determinados gastos deducibles. Entre ellos se incluyen los gastos de notaría, registro, impuestos y honorarios legales asociados a la compra, así como la plusvalía municipal, los honorarios del abogado, la comisión del agente inmobiliario y otros gastos directamente relacionados con la venta. Por ello, conservar facturas, escrituras y justificantes resulta clave para optimizar la tributación y evitar problemas con la Agencia Tributaria.
