La nueva normativa antifraude y el sistema Verifactu marcan un punto de inflexión en la facturación en España. La regulación exige el uso de software de facturación certificado que garantice la integridad, trazabilidad, inalterabilidad y conservación de los registros fiscales, prohibiendo la modificación de facturas ya emitidas (salvo mediante facturas rectificativas). Además, introduce el concepto de reporte fiscal automático a la Agencia Tributaria a través de Verifactu —de carácter voluntario pero con ventajas operativas— y anticipa la futura obligatoriedad de la factura electrónica estructurada, distinta de un simple PDF. Las fechas clave ya están fijadas: 1 de enero de 2027 para empresas y 1 de julio de 2027 para autónomos.
La obligación afecta a contribuyentes sujetos al Impuesto sobre Sociedades, actividades económicas en IRPF, no residentes con establecimiento permanente y determinadas entidades en régimen de atribución de rentas. El incumplimiento puede acarrear sanciones de hasta 150.000 € para fabricantes de software y 50.000 € para usuarios por ejercicio. La digitalización de la facturación es irreversible, por lo que anticiparse, revisar el software, valorar la adhesión a Verifactu y garantizar el uso de firma digital son pasos esenciales para evitar riesgos y asegurar una transición ordenada al nuevo entorno fiscal.
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