En el ejercicio fiscal 2024, una sociedad patrimonial en Andalucía —al igual que en el resto de España— está sujeta al tipo impositivo general del 25 % en el Impuesto sobre Sociedades, conforme a la Ley 27/2014. Estas entidades no pueden acogerse a tipos reducidos, ya que la normativa estatal no prevé excepciones específicas ni particularidades autonómicas que modifiquen este régimen. Por tanto, el elemento determinante no es la ubicación territorial dentro de España, sino la calificación jurídica y fiscal de la entidad como sociedad patrimonial.
Una sociedad se considera patrimonial cuando más de la mitad de sus activos están compuestos por valores o bienes no afectos a una actividad económica real. En el caso del arrendamiento de inmuebles, solo existe actividad económica si se dispone de al menos un empleado a jornada completa y una estructura material adecuada. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y las resoluciones del TEAC refuerzan que la mera tenencia o gestión pasiva de activos no constituye actividad económica, y que la calificación debe basarse en las cuentas anuales presentadas. Una correcta planificación y análisis estructural resulta clave para evitar contingencias fiscales.
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