Desde 2026, la Agencia Tributaria española ha reforzado el control sobre los pagos electrónicos mediante una nueva obligación informativa introducida por el Real Decreto 253/2025. A partir de ahora, las entidades financieras deberán comunicar automáticamente a Hacienda los datos de aquellos titulares cuyos movimientos anuales con tarjetas u otros medios de pago superen los 25.000 euros. Esta medida no implica una nueva declaración para el contribuyente, sino un sistema de reporte directo entre bancos y Administración, centrado en el volumen total de operaciones y no en el detalle de cada transacción.
El objetivo principal es mejorar la trazabilidad de los pagos, prevenir el fraude fiscal y detectar posibles incoherencias entre los ingresos declarados y el nivel de gasto. Aunque para la mayoría de particulares no supondrá cambios relevantes, autónomos y empresas estarán bajo mayor supervisión, ya que Hacienda cruzará esta información con sus declaraciones fiscales. En este nuevo contexto, mantener una correcta planificación fiscal y coherencia financiera resulta clave para evitar riesgos y garantizar el cumplimiento normativo.
